Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

El voto de la población latina será clave en las elecciones estadounidenses. Ambos candidatos lo saben y recientemente han ofrecido entrevistas para este público específico en canales hispanos. Su participación decidirá de qué lado se inclina la balanza, especialmente en los estados aún indecisos, siete, que coronarán al nuevo presidente de Estados Unidos. Uno de esos estados es Pensilvania. A esas semanas de las presidenciales en Estados Unidos, las encuestas colocan a Donald Trump y Kamala Harris codo con codo, muy igualados en la carrera presidencial por la Casa Blanca. Siete estados se mantienen aún indecisos y el voto latino podría dictaminar al ganador, especialmente en el más grande de estos estados pendulares, Pensilvania, que aportará al vencedor 19 votos electorales de los 270 necesarios. Allí residen un millón de latinos. 590.000 de ellos inscritos para votar en los comicios del 5 de noviembre. Edmundo Alemán, politólogo de la universidad de Houston nos explica por qué el voto latino será clave para decidir quién se impone en Pensilvania. “En la última elección, Biden ganó por escasos 80.000 votos. La diferencia fue muy pequeña y fue crucial. Como aquella vez, en esta elección Pensilvania juega un papel muy importante y allí el voto latino es decisivo. La población latina creció hasta convertirse en la segunda mayoría después de los blancos, superando a los afroamericanos, asiáticos y otros grupos. Y dado lo parejo que están los dos candidatos en estos estados, se piensa que el voto latino podría llegar a definir esta elección”, expresó Edmundo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston, en entrevista con RFI. Conscientes de su importancia, ambos partidos, Demócratas y Republicanos se han gastado este año cada uno más de 100 millones dólares en publicidad en Pensilvania y planean invertir otros 80 millones más de aquí a las elecciones para lograr su apoyo, que los demócratas ya no tienen tan garantizado como antaño.

Bolivia es uno de los pocos países con niños viviendo dentro de las cárceles. Se permite únicamente cuando conviven con su madre, mientras esta cumple sentencia, nunca con varones en el entorno. Aun así, su presencia en las cárceles les puede marcar de por vida. La Defensoría del Pueblo ha denunciado problemas de alimentación, salud y educación. No son muchos, en torno a centenar y medio en el país, pero su situación no deja de llamar la atención. Bolivia permite que los niños de hasta 6 años puedan vivir en las cárceles con su madre mientras esta cumplen una pena. Antes podían hacerlo también en prisiones masculinas y hasta los 17, pero una serie de casos graves, incluyendo violaciones o prostitución, provocaron una reforma de la ley en 2018. Pese a ese cambio, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que aún queda mucho para garantizar los derechos de los niños que crecen tras los barrotes. Destaca tres problemas: Alimentación deficiente, mal cuidado de la salud ante la ausencia de especialistas y un acceso limitado a la educación. “No sólo es un tema de alimentación y educación, que obviamente está afectado, porque estos niños, cuando viven unas cárceles, están también en una situación de reclusión”, explica a RFI Gladys Villazón, gestora de programas de Aldeas Infantiles en Bolivia y trabajó con niños en la cárcel de San Pedro. “Viven en espacios muy pequeños porque ahí los presos tienen un espacio determinado. Eso obviamente afecta en el tema de su desarrollo. Con el propósito de que no puedan correr ningún riesgo, los encierran en estos espacios que tiene el preso destinado, porque afuera de sus cuartos realmente es mucho más riesgoso, toda vez que el ambiente donde viven estos niños, son con presos delincuentes que han cometido delitos. Aquí en Bolivia están mezclados los presos en las cárceles, no son separados por tipo de delitos”, advierte Villazón. Mauricio Alfaro es igualmente gestor de programas en la ONG Aldeas Infantiles y trabajó en el mismo proyecto en la prisión de San Pedro. Para él, no basta con garantizar ciertos derechos al niño en la cárcel, sino que hay que evitar que las familias acaben en prisión. “Ha habido diferentes iniciativas para que puedan tener una vida lo más normal. Por ir al Colegio de poder salir, pero no es suficiente. La primera medida que se pensó hacer fue que vayan a centros de acogida, pero la mayoría tenían sus familias. Si han ingresado a los penales. Sin duda es por un tema de necesidades, de bajos recursos. Hay que dar una medida de prevención, de apoyo a la familia, integral, por ejemplo que existan programas que apuesten por lo que es la prevención del abandono. Dar apoyo a las familias dependiendo su situación. En algún caso, podrá ser económico u otro tipo de medidas de apoyo a las familias, microemprendimientos, desarrollo de capacidades en los cuidadores. Brindar educación adecuada y gratuita para los niños”, agrega Alfaro.

Ha comenzado este miércoles 9 de octubre en Perú la reunión bianual de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hasta el viernes, los representantes de los países integrantes debaten cómo lograr un modelo de desarrollo para la región con tres objetivos destacados: mejorar la productividad, reducir la desigualdad y favorecer la sostenibilidad. Latinoamérica afronta importantes desafíos económicos y sociales. Quiere mejorar su productividad y su gobernanza y a la vez reducir la desigualdad y respetar la sostenibilidad, una serie de retos que la CEPAL considera como prioridades en su reunión bianual. ¿Es posible afrontarlos en una región como Latinoamérica? Para el economista venezolano Ángel García Banchs, director de la consultora Econométrica, se puede siempre y cuando se eliminen algunas prácticas recurrentes. “Es una región caracterizada por la informalidad. Eso responde a un déficit institucional. Muchas personas no ven ventajas en formar parte del sistema de seguridad social, del sistema formal”, explica García Banchs. “Como operan en mercados negros, afecta a la distribución del ingreso para los países”. El especialista plantea además el problema del predominio de los oligopolios. “La distribución del ingreso no es como la de sus pares en los Estados Unidos o en Europa, donde el grado de competencia es mucho mayor y por tanto la distribución del ingreso es mejor”, asegura. García Banchs considera además que la región tiene una oportunidad de oro para reducir la brecha con las grandes potencias económica, gracias a los rápidos avances tecnológicos. Debe prepararse para aprovecharlos, incluyendo la formación de profesionales con un espíritu más emprendedor, en el sentido de que sean más dinámicos y capaces de adaptarse a cambios. "La inteligencia artificial va a sustituir en buena parte del trabajo" “Hay una oportunidad fundamental en América Latina de hacer una convergencia rápida a través de la cuestión tecnológica, porque los cambios son muy bruscos y son a nivel global. La inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y los algoritmos van a sustituir en buena parte del trabajo que hagan los profesionales. La productividad ya no será basada en la hora hombre, sino en la productividad de los algoritmos y de la automatización y, por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en la región es formar para el emprendimiento”, considera. El economista cree además que dichos avances tecnológicos bien aplicados se pueden facilitar el desarrollo sostenible al reducir el impacto de la producción. “No es lo mismo producir en el siglo XIX que producir en el siglo XXI. Se puede aumentar los niveles de ingreso per cápita y de productividad cada vez más apalancado sobre estas nuevas tecnologías con menores costes sobre el medio ambiente”, explica García Banchs.

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su plan nacional de seguridad para un país donde la violencia es más que visible en el día a día. Durante el Gobierno de su predecesor se registraron 190.000 asesinatos, cifra récord. Una semana después de asumir como nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó su Plan Nacional de Seguridad para combatir la violencia que gangrena al gigante latinoamericano. Durante el gobierno de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, se registraron 190.000 asesinatos, muchos de ellos vinculados al narcotráfico. “No va a regresar la guerra contra el narco. ¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia”, dijo la mandataria durante su discurso de presentación. Para Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y de Seguridad Nacional en la Universidad de las Américas en Puebla, es posible derrotar al narcotráfico sin guerra, si se hace frente a una de sus grandes ventajas: la impunidad. “Prevención y ataque al lavado de activos, al lavado de dinero. Sin esas dos estrategias no se va a reducir la impunidad en el país. Me parece que es estratégico el que se busque atrapar, encarcelar a los que México llama generadores de violencia. Estos generadores de violencia son en su mayoría varones entre los 16 y los 35 años de edad, que son los sicarios de los cárteles de droga nacionales y locales. Por supuesto, no solamente es impunidad que no se castigue a los delincuentes, sino también es impunidad que los fiscales, que los jueces, que los gobernadores locales tengan pactos de impunidad con la delincuencia organizada. Eso tiene que acabar en México, si no, no se va a reducir la violencia”, asegura el profesor Rodríguez. Uno de los pilares del plan de la presidenta Sheinbaum es atajar la criminalidad en su raíz, reduciendo la desigualdad y la pobreza para evitar que los jóvenes opten por unirse a bandas criminales en busca de una mejor situación financiera. Una política que Gerardo Rodríguez considera adecuada pero imposible de aplicar en un único mandato de seis años porque “reducir la desigualdad es un trabajo de muy largo plazo. Tendría que incrementarse de manera sustancial beneficios sociales, salarios, distribución de la riqueza que hoy en día está en muy pocas manos. Lo que sí es indudable es que México tiene que apostarles a políticas de prevención de la violencia de largo plazo como estas, pero no veremos los resultados de manera inmediata”, advierte. Sheinbaum apuesta además por un mejor uso de los servicios de inteligencia y por consolidar las labores de la Guardia Nacional, un cuerpo civil que en septiembre pasó a formar parte del Ejército. Una decisión no exenta de críticas, pero necesaria para el experto en seguridad nacional. “El Ejército mexicano es una institución muy sólida que le permitió al Gobierno anterior aumentar de 26.000 a 133.000 elementos de la Guardia Nacional. No había otra manera de poder crear una institución policial de México de corte nacional. México no tenía una policía nacional si no hubiera sido con el apoyo logístico, operacional, administrativo, de recursos humanos y financieros que tiene el Ejército”. Para Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, un centro que ayuda a mejorar las políticas públicas, era necesario militarizar la Guardia Nacional. “La continuidad de la militarización iba a ocurrir con Claudia Sheinbaum o con Xóchitl Gálvez o con cualquiera que ganara la presidencia, porque en los últimos seis años ha habido un proceso de desmantelamiento institucional de las instituciones de seguridad pública a nivel local. Hoy tenemos menos recursos, por ejemplo, en materia de prevención social y desarrollo policial para los estados y los municipios. En otras palabras, no había de otra, más que recurrir a la Guardia Nacional”, asegura Vargas. También recuerda que hay trabajo por hacer, que “es necesario continuar profesionalizando, continuar fortaleciendo la seguridad...

Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El balance anterior era de 263, lo que implica que 15 periodistas se exiliaron en el trimestre julio-septiembre, según la FLED, que opera desde Costa Rica. Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)."La cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", dijo la ONG en un informe trimestral sobre la libertad de prensa en el país centroamericano. Wendy Quintero, abogada, periodista e integrante de la asociación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua está exiliada en Costa Rica y relata para RFI: "Desde 2007 comenzó una sistemática censura contra la prensa independiente. Se ha roto concretamente el estado de Derecho y obviamente ha habido una represión que no solamente ha tenido por resultado la muerte de muchísimas personas, sino también que muchísimas personas hemos tenido que salir en un desplazamiento forzado. Es el caso particular de los periodistas". La ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur, señaló que julio, mes del aniversario del triunfo de la revolución sandinista de 1979, "marcó un periodo particularmente difícil para los periodistas en Nicaragua". Agregó que ese mes los comunicadores "enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos" e indicó que desde entonces está "en condición de desaparición forzada" la periodista Fabiola Tercero. 58 medios hayan tenido que cerrar. "Algunos han sido cerrados por el propio régimen Ortega Murillo y otros han tenido que autocensurarse o cerrar completamente" explica en RFI Wendy Quintero. La ONG criticó la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales. La represión aumentó en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.Ortega, un exguerrillero que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, asegura que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

El resultado de la primera vuelta de las elecciones municipales de Brasil confirmó el escenario perfilado en las principales encuestas desde hace semanas: la derecha y centroderecha avanzan y, al mismo tiempo, disminuye la polarización que marcó las elecciones presidenciales de 2022. Además, queda reforzada la tendencia a favor de la continuidad en la política. Las elecciones municipales de Brasil del domingo 6 de octubre revelaron un escenario nacional de menor polarización y de apoyo a la continuidad. Y un claro ejemplo de ambos fenómenos es el caso de São Paulo, la capital económica de Brasil. El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, respaldado por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, buscará la reelección en segunda vuelta contra el diputado Guilherme Boulos, candidato apoyado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), irá a la segunda vuelta, en gran medida gracias al apoyo del aparato municipal y de su padrino político, el gobernador Tarcísio de Freitas. El profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, Pedro Vieira, ha analizado en la antena de RFI: "Lo que hubo acá fue una una estrategia de la derecha de transitar un poco para el centro. Lo que sí hubo fue una victoria, yo diría del centro derecha. La estrategia fue de de alejar un poco del extremismo de Jair Bolsonaro. Un caso concreto como el de Sao Paulo, podríamos tomarlo como ejemplo". El resultado del domingo tiene lugar después de la campaña electoral más turbulenta y polémica de los últimos años a causa del influencer Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB). Marçal pasó toda la campaña atacando y vilipendiando a todos sus adversarios e incluso recibió un sillazo del presentador televisivo y candidato a la Alcaldía Jose Luiz Datena. El hecho de que Pablo Marçal haya quedado fuera de la segunda vuelta es un alivio para la democracia, según analistas, pero también para el Tribunal Electoral. Pero, su amplio respaldo es una advertencia de que São Paulo casi avaló una candidatura que actualizó al bolsonarismo más radical, utilizando la mentira como método y la agresión como camino. Estos comicios sirven de termómetro para el futuro polìtico del país. "Lo que ocurre es que Lula ganó la las últimas elecciones porque hizo una gran alianza. Y eso es lo que tendrá que hacer en 2026. Porque sí es cierto es que el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, sí disminuyó su el número de gobiernos municipales. O sea, que está, digamos así, de disminución de relevancia". dice Pedro Vieira de la Universidad Federal de Santa Catarina en RFI. Mientras, en Río de Janeiro, el alcalde Eduardo Paes del Partido Social Democrático (PSD) derrotó al bolsonarismo con el 60,47% de los votos y se consolida como uno de los políticos más votados de Brasil con su cuarto mandato. En total, 52 ciudades tendrán una segunda vuelta el próximo 27 de octubre. Entre ellas, destaca Belén de Pará, donde en 2025 se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30). Allí, el alcalde de izquierdas Edmilson Rodrigues, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), sufrió una derrota contundente. Era la primera vez que una formación de izquierda gobernaba una capital desde 2012.

Tras el ataque pandillero en una localidad situada a un centenar de kilómetros de Puerto Príncipe que ha dejado al menos 70 muertos, el excanciller haitiano Bocchit Edmond dijo a RFI que la comunidad internacional debe cumplir con las promesas de fondos que hizo, permitiendo así que las autoridades haitianas enfrenten a grupos criminales cuya capacidad de fuego es muy superior al de la policía. En Haití, tras la masacre cometida por una pandilla el jueves pasado en Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite, al centro-norte del país, donde murieron 70 personas y otras 16 resultaron gravemente heridas, el gobierno denunció este acto como "de cobardía absoluta". Las autoridades han enviado refuerzos policiales a la zona, además de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Los presuntos responsables de la masacre son miembros de la denominada “Gran Grif” (Grandes Garras), una pandilla que ha estado extorsionando a la población. Se sospecha que algunos conductores locales se negaron a pagar el peaje que esta pandilla había instalado en la carretera nacional. El ataque tuvo lugar en una localidad ubicada a poco más de un centenar de kilómetros de la capital haitiana, sin que las autoridades lograran contrarrestarlo. ¿Cómo es esto posible hoy en Haití? La respuesta de Bocchit Edmond, canciller de Haití entre 2018 y 2020: “La Policía Nacional, que es la única fuerza de seguridad en Haití, no tiene el control total del territorio. Cada vez que surge un nuevo grupo armado, su principal objetivo es expandir el terreno que controlan. Por eso, el gobierno haitiano solicitó ayuda a la comunidad internacional”, explica Edmond. Es cierto que sobre el terreno ha sido desplegada una misión multinacional, liderada por Kenia. Sin embargo, Edmond se muestra muy crítico respecto al rol que están desempeñando: “Realmente no han podido hacer nada”, sostiene. La ONU renovó a principios de mes la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, pero para Edmond, esto no es suficiente. “En este primer año no han llegado ni al 50% de operatividad. Perdimos más de seis meses porque hay problemas de financiamiento y de tropas. Muchos países han hecho promesas, pero todavía no las han cumplido. El costo se estimó en 600 millones de dólares, pero hasta ahora no tenemos ni siquiera 300 millones. No tenemos ni la mitad. Muchos países prometieron acompañamiento, técnicos, logística, pero aún no hemos recibido las fuerzas necesarias. Lo que necesitamos son apoyos militares. Necesitamos equipos y tropas para ayudar a la Policía Nacional a enfrentar a las pandillas, ya que estos grupos criminales están muy bien armados. Su poder de fuego es muy superior al de la Policía Nacional”, concluye. Estados Unidos y Naciones Unidas también han sancionado a un exdiputado, acusado de apoyar y armar a la pandilla Gran Grif.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que la fiscalía está ya investigando la muerte de seis migrantes esta semana en el estado de Chiapas, a manos del Ejército. Las asociaciones defensoras de derechos humanos culpan a la política de militarización de su predecesor Andrés Manuel López Obrador por actos de violencia que sufren extranjeros en la frontera. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que los seis migrantes asesinados por militares en Chiapas eran de nacionalidad egipcia, salvadoreña y peruana. También dijo que la Fiscalía General tenía elementos a su disposición y prometió justicia. “Van transitando vehículos. Supuestamente el Ejército les hace la señal para que se detengan. Los vehículos no se detienen y entonces el Ejército dispara. La SEDENA (Secretaría del Ejército Nacional) habla de que el vehículo en el que se conducían estas personas era un vehículo ‘que suelen utilizar los grupos delictivos en la zona’. Entonces de lo que se sabe es que este ataque se da en un contexto de un traslado del vehículo con estas personas que hoy sabemos son migrantes ``, narra Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos en México. Esta situación ocurre en un contexto de violencia en Chiapas, estado en el sur del país. Violencia provocada particularmente por la presencia de grupos criminales, explica el abogado Guerrero. “Con la participación de la Guardia Nacional, con la participación de la SEDENA y de la Marina en tareas de política migratoria, ha aumentado el número de denuncias de violaciones y de abusos que han cometido agentes castrenses en el marco de estas tareas migratorias, que son tareas que no les corresponden como agentes militares. Han realizado durante estos últimos años tareas de detención migratoria, control de aduanas, participación en patrullajes fronterizos”, denuncia. Esta semana la ONU alertó sobre el papel de los militares en la seguridad del país. La nueva presidenta replicó: “para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay violaciones a los derechos humanos”. Para el abogado el área internacional del Centro Pro Derechos Humanos en México, lo ocurrido en Chiapas, el primer día del gobierno de Sheinbaum, es “lamentablemente muy simbólico, porque inicia su sexenio con la reforma aprobada que lleva a adscribir la Guardia Nacional al Ejército, pues es justamente una demostración, insisto, muy simbólica, de cómo esta estrategia militarista de la seguridad pública puede derivar en este tipo de violaciones de derechos humanos”.

El viceministro de Trabajo y de Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, solicitó asilo en Estados Unidos. El alto funcionario estaba en el cargo desde el 11 de enero de 2022. Aprovechó una reunión en México el 4 de septiembre para trasladarse hasta la frontera en Arizona. En los últimos tiempos, altos cargos cubanos han huido a Estados Unidos. Entrevistamos a Rolando Cartaya, director del proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. RFI: ¿Cómo consigue entrar en Estados Unidos Juan Carlos Santana Novoa? Parece que estaba en una reunión en México y aprovechó para irse a la frontera en Arizona. ¿Qué se sabe? Rolando Cartaya: Entró por la frontera. El gobierno de Estados Unidos tiene varias formas de hacer pasar a cubanos a su territorio. Una de ellas, que creo que fue la que él usó, es la llamada aplicación CBP One, que es para obtener una cita para pedir el asilo político. Entonces, de esa manera han entrado varios ex funcionarios, ex fiscales y ex jueces también. Anteriormente habían entrado por el éxodo desordenado que había a través de la frontera desde finales de 2021 hasta principios de 2023. Desde entonces lo hacen a través de esa aplicación, la CBP One, y también a través de un programa de visas ‘parole’ humanitarios (permiso de permanencia temporal por razones humanitarias) que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Según nuestro último cálculo, en agosto habían entrado 115 ex represores cubanos de un total de 1.015 represores cubanos que tenemos en la base de datos, alrededor de un 11% de esos represores habían entrado en los Estados Unidos en ese momento. RFI: Y siendo represores, ¿Estados Unidos les puede conceder el asilo? Rolando Cartaya: Lo que sucede es que, generalmente, estas personas mienten en sus formularios de inmigración. Hay un formulario de inmigración específicamente que es casi uno de los últimos que llenan las personas para cuando están pidiendo entrar a los Estados Unidos, que es el DS-260 y ese formulario de inmigración tiene preguntas muy específicas como por ejemplo preguntan si usted perteneció al Partido Comunista o estuvo vinculado a él, si perteneció a organizaciones paramilitares o militares, si persiguió a alguna persona por razones políticas, de raza o de religión, y si violó los derechos humanos. Muchos de ellos lo que han hecho es que mienten en ese caso y eso les permite entrar en Estados Unidos y esperar una cita con un juez de inmigración para su caso de asilo político. RFI: ¿Por qué está habiendo tanta gente, altos funcionarios con posiciones muy importantes en Cuba, como jueces, fiscales, jefes de prisiones, que huye a Estados Unidos? Rolando Cartaya: Hay quien dice que es porque la situación de Cuba es realmente apabullante, yo acabo de terminar un informe sobre protestas en Cuba en el mes pasado, en el mes de septiembre, y subió a 855 protestas y denuncias públicas, la mayoría son por los problemas relacionados con derechos económicos y sociales, como la alimentación o la vivienda, los servicios públicos, los apagones, la crisis con el agua, todo eso. Entonces, hay quien dice que es por eso, que después de haber reprimido en Cuba, incluso, por ejemplo, en el caso de los jueces y fiscales, de haber dictado sentencias larguísimas contra los manifestantes del 11 de julio del 2021, han llegado a los Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención que, antes, había que esperar por lo menos cinco años si uno estaba vinculado al Ministerio del Interior o al Partido Comunista para que el propio Gobierno de Cuba lo dejara ir. En este caso no, en este caso están pidiendo la baja, los dejan ir y lo hacen, generalmente por la vía de Nicaragua, que desde hace varios años eliminó la condición de visado para los cubanos. Ya en Nicaragua pasan a México y en México solicitan esta aplicación telefónica CBP One. RFI: Pero, ¿por qué tendría que irse de Cuba alguien como el viceministro Santana Novoa? Rolando Cartaya: Recientemente llegó el...

El presidente venezolano exhorta a 200.000 docentes a que vuelvan a ejercer su profesión, prometiendo créditos y subsidios. Sin embargo, representantes de los maestros explican que con un salario que oscila entre los 10 y 30 dólares mensuales son insuficientes para retornar. "Por amor a la profesión" ha pedido Nicolás Maduro que los maestros venezolanos vuelvan al oficio, admitiendo un déficit importante en el sector. Ofreció un plan para los docentes, pero desde el gremio responden denunciando que el salario es precario y el ausentismo aumenta "Tenemos más de 200 mil docentes en diversas actividades públicas, y les pido a todos los docentes, les hago un llamado por amor a la vocación que se vayan reincorporando a las aulas de clase...", clamó el mandatario al comenzar el año escolar 2024-2025. Lo dijo como parte de un plan de ocho puntos con el cual prometió programas de salud, viviendas, subsidios de transporte y alimentación y hasta créditos. Pero los maestros no le creen. Edgar Machado es el presidente del Sindicato de Maestros de Caracas y denuncia que sus salarios son entre 10 y 30 dólares mensuales, con un bono adicional de 90 sin incidencia salarial. "Hemos tenido más de 930 días sin ajuste salarial. ¿Cómo van a estar dándole créditos a los docentes, si no van a tener cómo pagar? ¿Quién va a ir a las aulas de clase después de jubilarse con estos sueldos de hambre?", se pregunta Machado. La mirada del hambre La Federación Venezolana de Maestros no quiere promesas sino firma de convenios y cancelación de deudas acumuladas en un lustro, mientras en las aulas los docentes exponen la crisis "Cuando antes nosotros llegábamos a las escuelas (veíamos) a aquel me está mirando mucho, esos niños que tienen la mirada fija tienen hambre, entonces tú sacabas para comprarle una arepa. Hoy compartimos el hambre con los muchachos", explica una maestra a RFI. El inicio del año escolar no solo mostró una carencia de 40% de maestros, según cifras gremiales, sino una creciente deserción de alumnos. En 2022 el gobierno afirmaba que en Venezuela más de 8 millones de niños acudían a la escuela. En 2024, la cifra dada por el ministro de Educación Héctor Rodríguez muestra una gran brecha. "Son más de 5 millones y medios de muchachos, muchachas, niños y niñas que están regresando hoy a la escuela desde el preescolar, la escuela y el liceo, en todo el país", aseguró. Quienes sí vayan a la escuela tendrán otro problema: la infraestructura es precaria. El gobierno afirma que ha remozado más de 8 mil planteles, en un país donde no se construye una escuela nueva desde hace más de 10 años. Otros 500 serán reparados, dijo el ministro, pero Edgar Machado del Sindicato de Maestros de Caracas apunta una consecuencia. "Ellos empezaron a traer material la semana pasada a varias unidades educativas y eso quiere decir que las actividades se van a suspender porque los niños no pueden estar en una institución donde estén pintando, poniendo mantos asfálticos a los techos", explica.

El presidente argentino se reunió con su homólogo de El Salvador en su primera visita oficial a Argentina desde su llegada a la Presidencia en 2019. Bukele luego fue recibido por Milei con un abrazo en el interior de la Casa Rosada. Milei ya participó el 1 de junio pasado de la ceremonia con que Bukele dio inicio a un segundo mandato. Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político del Salvador ha explicado en RFI esta sintonía. "Lo considero mi amigo y espero que seamos grandes aliados", dijo Nayib Bukele a la prensa respecto de su par argentino, Javier Milei, al terminar el gesto y en camino a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde se reunió con el argentino, con quien ha conversado de "muchas cosas importantes", como temas "de energía, comercio, seguridad". Al llegar a la sede del Ejecutivo, el salvadoreño saludó con su mano a los grupos simpatizantes apostados detrás de la reja que rodea al palacio. Bukele luego fue recibido por Milei con un abrazo en el interior de la Casa Rosada. Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político del Salvador, ha explicado en la antena de RFI esta sintonía entre ambos mandatarios: "Están compartiendo ideales, por un lado la seguridad y por otro lado la economía. ¿Qué le puede interesar a a Milei de Buekele? El tema de Seguridad Pública que inclusive la Ministra de Justicia y de Seguridad argentina (Patricia Bullrich) vino antes a El Salvador a conocer cómo son los procesos judiciales, cómo es el proceso de capturas hasta llevarlos a procesarlos y tener los delincuentes en el CECOT, el Centro de Confinamiento del terrorismo, la macrocárcel. Por su lado a Bukele, dado el discurso del segundo mandato cuando habló del "milagro económico" y , reconociendo que somos un país de renta media baja, un país muy limitado económicamente hablando. Entonces yo entiendo qué él está tratando de acaparar los conocimientos y las orientaciones que Milei puede darle en diversos campos". Se trata de la primera visita oficial de Bukele a Argentina desde su llegada a la Presidencia en 2019. El salvadoreño llegó el 26 de septiembre a Argentina, pero pasó el fin de semana en la Patagonia para desarrollar agenda privada. Milei y Bukele habían coincidido en Nueva York, donde brindaron su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el mismo día, el 24 de septiembre.Los presidentes sostuvieron un encuentro bilateral el 1 de junio, durante la visita de Milei a San Salvador con ocasión de la ceremonia de investidura para el segundo mandato consecutivo de Bukele (2024-2029). Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político, rechaza colocarles la etiqueta de políticos de derechas, pero explica que ambos tienen un frente común, una especie de frente anti Maduro. "Para mí tienen una agenda en común Milei y Bukele puesto que los ataques que vinieron de Venezuela han venido para estos dos países. Están como conjuntándose con buenas relaciones entre ellos y con otras personalidades como Elon Musk o Erik Prince, que también están en la agenda anti Maduro". Ambos mandatarios destacan por su discurso fuerte en contra del sistema político tradicional y han manifestado una postura crítica hacia ciertos organismos internacionales.

Los restos fueron hallados en julio pasado, pero fue a finales de septiembre cuando las autoridades uruguayas anunciaron haberlo identificado. Se trata de Luis Eduardo Arigón Castel, un militante comunista desaparecido durante la última dictadura militar en el país sudamericano, hace 47 años. Luis Eduardo estaba casado con Sara y era padre de dos hijas, Sabina y Estrella, que esperaron siempre su regreso. Entrevistada por RFI, Sabina reacciona cuando se identificaron los restos de su padre: “Me estremeció porque cada vez que aparece una persona, todos los que tenemos algún familiar nos provoca como una especie de terremoto.” Un terremoto que cierra 47 años de búsqueda desde ese 14 de junio de 1977 cuando miembros de las fuerzas conjuntas llegaron a la casa de Sabina: “Lo llevaron preso de su casa, de mi casa, donde vivíamos, en la madrugada lo vinieron a buscar un equipo de militares y de personas de civil; bueno, se lo llevaron y no dijeron a dónde lo llevaban. Mi madre les preguntó y le dijeron que iba a tener noticias y que quedaba a disposición de las fuerzas conjuntas y desde ese día hasta el día de hoy nunca más supimos nada. “Tuvimos digamos una información de lo que podía haber pasado con él cuando el presidente Batlle -estoy hablando acerca del año 2000-, cuando el presidente Batlle, el tercer presidente democrático, abre un poco la puerta para darle cabida a este tema y genera lo que lo que se llamó la comisión para la paz.” Arigón fue torturado y desaparecido; sus restos fueron hallados en Batallón 14 del ejército, cerca de Montevideo. Ricardo Perciballe, es el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad: “En este batallón en particular se encontraron cuatro y de esos cuatro dos pertenecen este año y el año anterior. Que era Amelia Sanjurjo, o sea Luis Eduardo Arigón y Amelia Sanjurjo, tienen una misma lógica, de enterramientos, porque ellos fueron víctimas, ambos del centro clandestino de detención y torturas, que se conoce como La Tablada y ambos fueron del año 77 y precisamente en ese centro clandestino hay más detenidos, no sólo en el 77, sino en el año 81 y 82. “Por eso, si nosotros podemos establecer un patrón de enterramiento, podemos primero afirmar que el Batallón de Infantería 14 se utilizó como centro clandestino. Eso está absolutamente acreditado porque cuatro hallazgos nos muestran éso; y segundo, que nos permitiría establecer la lógica de enterramiento de aquellas personas que desaparecieron en ese centro clandestino de la Tablada. Y en ese centro restan ubicar por lo menos a 5 personas más, por eso es una zona sensible que se está trabajando y es probable entonces que podamos encontrar otros cuerpos en ese lugar.” En Uruguay hay registros de 197 personas desaparecidas por el estado entre 1968 y 1985. Una buena parte de ellos fueron detenidos en Argentina en el marco del plan Cóndor. Hasta ahora se ha logrado identificar a una treintena, ocho de ellos encontrados en Uruguay.

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”. El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años. A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo. Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó. No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”. Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción. Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”. Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Se trata de uno de los casos más emblemáticos y que ha causado indignación mundial. “Nunca dejamos de buscar a los jóvenes” indicó el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos, adjuntando también el tercer y último informe de la comisión presidencial sobre este caso. Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que no tienen claridad sobre lo que se necesita para esclarecer el caso: “Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles probatorios que nos diga dónde estamos que faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso”. Sin rastro Ya van 10 años desaparecidos y sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México, las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto, los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación. “Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido” indicó Rosales, quien además aseguró que “si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar”. Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas. Rosales indicó que Sheinbaum ya se comprometió a que una vez que asuma el caso revisaría el expediente. “Podemos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas. Un diálogo donde se les considere, donde se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política”. En agosto de 2022, la comisión de la verdad creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes afirmó que lo ocurrido en iguala, fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del Ejército.

La Amazonía se encuentra en estado crítico. En menos de cuatro décadas, el pulmón del mundo perdió un área de bosques casi tan grande como Colombia, según un estudio de la red de monitoreo RAISG. Este gran ecosistema, vital para la humanidad y el planeta, experimenta una expansión “acelerada” de la minería, agricultura y ganadería. La situación de la mayor selva tropical del planeta es "alarmante". Así lo señala el análisis del sistema MapBiomas Amazonas, que la Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada (RAISG) presentará esta semana. Entre 1985 y 2003, la deforestación destruyó un 12,5% de la cobertura vegetal de la región amazónica, un total de 88 millones de hectáreas. Esto se debe a una "transformación acelerada" del uso de los suelos, dice Sandra Ríos del Instituto del Bien Común de Perú, miembro de esta iniciativa. “Hemos visto un crecimiento enorme de lo que ha sido la minería. De 1985 hacia 2023 ha crecido en más de 1.000% que la agricultura, más de 500%. Casi 300% de crecimiento en La ganadería”, explica. El año pasado fue el más devastador de las últimas dos décadas, con una pérdida de más de 3.8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 190 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. La pérdida de estos bosques, claves para la regulación del clima, tiene graves consecuencias a nivel global. “Ya estamos viendo eventos extremos en toda la región, no solamente en la amazónica, es a nivel global. Tenemos sequías, por un lado, inundaciones por el otro. Los incendios se siguen multiplicando desde hace semanas”, indica la experta. Leer tambiénLula admite que Brasil no estaba ‘100% preparado’ para enfrentar la actual ola de incendios forestales Desde hace semanas, grandes extensiones arden en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina, favorecidos por la severa sequía. A su vez, algunos afluentes del río Amazonas registran sus niveles más bajos en décadas. Este fenómeno no solo destruye la biodiversidad, sino que amenaza la supervivencia de los 47 millones de personas que viven en sus riberas, principalmente, las poblaciones indígenas, “siendo las más afectadas y las que necesitan respuestas inmediatas a las emergencias climáticas, porque estas poblaciones locales han sido por años barreras a la deforestación en las áreas que ellos ocupan”, aduce. Para revertir esta situación, la especialista recomienda seguir trabajando por la conservación de estos ecosistemas, pero también por la recuperación y reforestación a nivel regional, sin dejar de lado las medidas de adaptación. No obstante, para los miembros del Instituto del Bien Común de Perú, esta tarea no solo debería recaer en los gobiernos de los países amazónicos, sino que “debería ser una agenda global que no solamente se plantee desde las políticas, sino de identificación de estrategias claves, pero que aterricen realmente en su implementación en el campo”. Y para la RAISG, la respuesta ha de ser urgente. De seguir esta tendencia, la red considera que la Amazonía iniciará en unos años un proceso irreversible hasta convertirse en sabanas o praderas. Leer tambiénLa falta de lluvias obliga a que Bogotá vuelva al racionamiento diario de agua por sectores

Esta semana los chilenos andan de fiesta nacional. El "Día de las Glorias del Ejército" es celebrado cada 19 de septiembre, y para esta ocasión por las calles marchan numerosas compañías de militares… Numerosas por ahora pero quizá llegue el día en que a sus filas le falten soldados. Un reporte de la ONU asegura que la tasa de nacimientos de Chile es la más baja de toda América, incluso por debajo de la de Japón. Los cálculos de los expertos estiman que actualmente la tasa de fecundidad mundial es de 2,3 nacimientos, y que podría descender a 2,1 hacia mediados de nuestro siglo. El caso de Chile está muy por debajo de esas cifras: 1,17 hijos por mujer según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿A qué se debe esto? “Yo creo que un factor diferenciador de Chile tiene que ver con un cambio, una transformación social y cultural muy profunda y muy rápida que se ha dado sobre todo en los últimos 20 años en particular”, analiza Marinella Mazzei, Directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. “Los niveles educativos femeninos y la incorporación femenina al mundo laboral también se han profundizado en los últimos años, y eso ha generado una modificación importante en las trayectoria en un contexto mucho más individualista, por decirlo de alguna forma”, subraya. Este cambio cultural liderado por las mujeres también está modificando la idea que los chilenos tiene sobre qué es una familia. “A diferencia de un pasado, el ser mujer hoy necesariamente está unido al ser madre, y tampoco el ser familia, tampoco necesariamente estar unido a ser una familia con hijos, y eso es un cambio cultural profundo que se está dando en todas partes del mundo. Pero en Chile había una mirada un poco más conservadora y eso ha cambiado muy rápidamente para las nuevas generaciones”, estima Mazzei. A estas explicaciones se le suma el factor económico, concretamente el inestable panorama laboral del siglo XXI que contrasta con los años gloriosos del pasado. “De percibir que posiblemente no tengo un salario tan alto, de que posiblemente mi situación laboral no es tan estable… Las trayectorias laborales son mucho más inestables hoy que la que vivieron, por ejemplo, nuestros padres en algún sentido, y eso afecta la decisión de tener hijos en Chile y en otras partes del mundo. Fíjate que son los mismos comentarios que uno escucha en Chile respecto de lo que se escucha en jóvenes asiáticos, en jóvenes de países europeos como Francia, por ejemplo”, subraya. Marinella Mazzei también resaltó que la edad se impone como el reloj biológico que marca la mejor hora para tener hijos, especialmente para las mujeres.

Tras suspender el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno colombiano aseguró que solo “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” por parte de la guerrilla podría recuperar las negociaciones. Esto después que el grupo armado perpetrara un ataque a una base militar en el departamento de Arauca, hiriendo a 29 soldados y matando a otros dos. RFI habló con Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN. Este atentado se suma a seis voladuras contra dos oleoductos, un ataque contra un puesto de policía en Arauca y hostigamientos contra la fuerza pública en al menos tres departamentos de Colombia. Leer tambiénGobierno colombiano suspende diálogos con el ELN tras ataque contra el ejército RFI: Hasta ahora, el Gobierno se mantenía en la posición de no levantarse de la mesa y de llamar reiteradamente al ELN al diálogo. Ahora manda el balón al campo de la guerrilla. ¿Qué tipo manifestaciones “inequívocas” del ELN se requieren para que ustedes regresen a la mesa de negociación? Vera Grabe: No lo podemos predefinir. No ponemos condiciones en ese sentido, porque hay muchas manifestaciones, gestos, propuestas. Pero tienen que ser claras y tienen que aparecer. No podemos condicionar y decirmles qué tiene que hacer porque eso, finalmente, es volver a esa lógica del regateo que no es muy útil. Queremos una claridad sobre cuál es su voluntad frente a este proceso. RFI: Varios sectores comprometidos con la paz exhortan al gobierno y al ELN a continuar sentados en la mesa porque una ruptura del diálogo no puede dejar sino más muertos. Pero también hay sectores con una mirada apocalíptica sobre este proceso que reclaman el fin de las negociaciones. ¿Con qué prisma ve usted una y otra opción? Vera Grabe: Mi postura como responsable es perseverar en la paz. Volver a la lógica de la guerra, como lo reclaman algunos sectores, es muy fácil decirlo. Pero hay que fijarse en lo que ha pasado en este tiempo sin cese al fuego, esa espiral de violencia que se empieza a generar. Por eso nuestra insistencia y además haciendo caso exactamente a lo que dice la gente en territorio, a lo que manifiestan las organizaciones, las plataformas que están diciendo: “Diálogo ya, paremos la guerra, queremos la paz”. Eso también hay que escucharlo. No es solamente un tema entre el ELN y el Gobierno, sino también la voz de la gente que vive en los territorios y que está cansada y que no esta de acuerdo con recrudecer el conflicto. Pero, para ello, se requiere una verdadera voluntad de paz del ELN. RFI: Cada vez que se pone en peligro el diálogo de paz se habla de ello, pero muy pocas veces se habla de los avances en 22 meses de negociaciones. ¿Qué es lo más importante logrado en el proceso? Vera Grabe: El solo hecho de haber cumplido un cese al fuego fue un éxito muy alto porque se redujo la violencia en los territorios. Lo otro es toda la dinámica de la participación que es algo fundamental en ese proceso: un primer punto donde se recogen propuestas y la visión que tiene la sociedad sobre la participación. Es decir, la lógica de ir cumpliendo lo que se va acordando ha sido muy importante . También se acordó que las dinámicas humanitarias sean la solución para las personas privadas de libertad. Aquí estamos negociando con la última guerrilla del continente y en ese sentido tiene un especial significado también esta negociación.

Claudia Sheinbaum tomará las riendas de la presidencia mexicana el 1° de octubre. Los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están marcados por un aumento de la violencia en el norte del país donde grupos criminales controlan varios pueblos y ciudades. El ejército tiene prohibido enfrentarlos por orden del presidente. ¿Sheinbaum continuará la estrategia de seguridad de su predecesor? “¡Abrazos, no balazos!”. Son tres palabras que Andrés Manuel López Obrador ha repetido durante todo su sexenio y que resumen, según él, su política de seguridad. Para combatir el crimen organizado creó la Guardia Nacional, un cuerpo de élite en el que participan militares con funciones muy similares a la de los policías, pero que actualmente no pueden intervenir en el norteño estado de Sinaloa, las tierras del Chapo Guzmán, controlado por grupos criminales desde el 9 de septiembre. Se cuentan desde entonces 30 civiles y dos militares muertos. Leer tambiénNueva jornada de violencia en Sinaloa, México, en enfrentamientos del narco “Ha faltado en su sexenio y desde hace varios sexenios el fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública local, es decir, darles proyección, sentido, consistencia a las policías municipales y estatales”, afirma a RFI Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en seguridad. Explica que a la policía local no se le ha dado “capacidades disuasivas y de contención del delito”. Esto se ha evidenciado con la creación de la Guardia Nacional: “tiene 150.000 elementos, pero hay 422.000 policías locales, es decir cuatro veces más”. “El enfoque ha sido un tanto desigual en cuanto a la seguridad en los municipios por principio de cuentas”, asegura Oliva. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la estrategia de Obrador de no entrar en conflicto con los criminales en el estado de Sinaloa. Según sus palabras, esto generaría una guerra. El experto apunta que esto no significa forzosamente que Sheinbaum continuará la estrategia de Obrador. “A la Secretaría de Seguridad Pública llega alguien que conoce el tema. Omar García Harfuch viene desde la policía federal, o sea, es un policía profesional. Me parece que no va a haber esta propensión a improvisar. Es una cuestión importante a considerar”, dice Javier Oliva.

Una comisión de la ONU denunció este martes una "intensificación del aparato represivo" en Venezuela en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, con violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, para "silenciar" a la oposición. Tras entrevistar a casi 400 personas y consultar decenas de documentos, el comité de expertos de la ONU afirma que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra civiles para silenciar a la población. Según fuentes oficiales, las protestas ya han dejado 27 muertos, casi 200 heridos y 2.400 detenidos. Unas cifras que Beatriz Borges, directora de la oenegé venezolana por los derechos humanos CEPAZ, considera inexactos. “Las organizaciones siguen documentando los casos de detenciones arbitrarias que no se reportan oficialmente. Y justamente ahí se ve que el número real de detenidos es diferente al que expresan las cifras oficiales”, asegura. El grupo de expertos afirma que las autoridades venezolanas detuvieron al menos 158 niños entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Un fenómeno nuevo y que los expertos de derechos humanos califican de preocupante por ser “una población clave para el cambio social”. La ONU lleva vigilando la situación en el país suramericano desde 2019. Ahora, no solo confirma que el Gobierno de Venezuela lleva todos estos años atentando contra los derechos fundamentales de la población, sino que los ha intensificado, según evidencia el informe. Para la Borges, la comunidad internacional debe dar “una respuesta firme y coordinada que esté centrada en los derechos humanos y que justamente llame al alto de la represión. Llame al alto del cierre del espacio cívico y que no puede permanecer indiferente ante las pruebas claras y contundentes de cómo el gobierno venezolano usa la represión sistemática y generalizada para mantenerse en el poder”.

Indígenas bolivianos afines al expresidente Evo Morales arrancan este martes una manifestación a la capital contra el gobierno, la crisis económica y para evitar la supuesta proscripción del MAS, el Moviemiento al Socialismo liderado por Morales. El actual mandatario, Luis Arce, acusó a su predecesor de fraguar una estrategia para dar un golpe de Estado. Antiguos aliados y ahora rivales, ambos se enfrentan por el liderazgo en el oficialismo y por la postulación a la presidencia. Mientras que cerca de 10.000 indígenas del altiplano boliviano manifiestan este lunes en contra del gobierno del presidente Luis Arce, el expresidente de ese país, Evo Morales, participa este martes en una marcha nacional en la que le exige al Gobierno, entre otras cosas, la inmediata solución al desabastecimiento de combustible, así como a la carencia de dólares. Para el politólogo Marcelo Silva, el expresidente Morales busca por un lado que “el Tribunal Electoral reconozca un congreso del partido que ha elegido a Morales como jefe del Movimiento Al Socialismo, pero, por otro lado, a la habilitación plena de la candidatura de Morales. Paralelo a ello, indudablemente se gesta el discurso de tener una marcha de descontento ante, indudablemente, las deficiencias de la gestión del presidente Arce”. Para algunos es una estrategia de Morales para “tratar de agrupar a otros sectores que están sintiendo estos efectos para que la movilización crezca, para que la movilización se vuelva una bola de nieve que sea incontrolable para el gobierno. Ese es el plan de Morales, definitivamente”, asegura el politólogo Silva. “Creo que solamente el discurso de ser habilitado o de ser jefe del MAS, es insuficiente para convocar a la población en general a una movilización de escala mayor que vaya a incomodar al gobierno. Pero muy diferente es de que ante esta situación se sumen otros pedidos que puedan coincidir además con otros sectores que tienen las demandas fundamentalmente económicas, ante el gobierno”, añade Silva. Las manifestaciones se dan en medio de un fraccionamiento en el Movimiento Al Socialismo, una pugna entre Morales y Arce rumbo a las elecciones generales de 2025, por lo que silva considera que “está llegando el momento de definir quién va a ser el candidato del MAS y quién se va a quedar con el partido o por lo menos con la dirección del partido. Por un lado, Luis Arce intentará mantenerse en el gobierno, mantener el poder, tratar de conseguir la personería del MAS, creo que, por la vía institucional, por la vía gubernamental, mientras que Morales entiende que eso no es posible por esa vía. Por lo tanto, está utilizando la calle, la carretera, el bloqueo, la movilización, que indudablemente será su elemento central para presionar al Gobierno una posible habilitación como candidato para las próximas elecciones”.